Siete días tiene el Ayuntamiento de Buñol para contestar si se suprime el paso a nivel de la calle Pérez Galdós con un muro o con un paso inferior, siempre según la versión del gobierno, que deja una puerta abierta a que el paso a nivel siga como está “de forma temporal”. El PP y los vecinos concluyen que ese plazo contempla la tercera vía, la de dejarlo todo como está pero de forma definitiva, que es legal, y que Adif y el Ministerio de Fomento lo asumirían.

La jornada política de ayer, martes, fue frenética en Buñol. Por la mañana todos los grupos políticos y un representante de los vecinos afectados por la posible supresión del paso a nivel de la calle Pérez Galdós se reunían con el Subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría, y con representantes de Adif. Por la tarde, gobierno por un lado y PP y vecinos por otros, convocaban a los medios de comunicación en actos que se convirtieron en públicos para escenificar de nuevo que de una misma conversación es posible sacar dos lecturas diametralmente opuestas.
Al final, todo se resume una cuestión legal, en una interpretación de la letra de ley. ¿Exige la ley la supresión de todos los pasos a nivel y por lo tanto el de Buñol no puede ser una excepción? Al margen de acusaciones sobre quien miente o quién debe dimitir, es aquí donde surge la discordia entre gobierno y el PP y los vecinos.
Según aseguraba ayer el alcalde de Buñol, Chimo Masmano (EU) y refrendaban Eusebio Sáez (PSOE) y José Luis Carrascosa (IAB), existe la opción de “proponer que el paso a nivel se quede como está, podemos proponerlo pero nos han asegurado que puede que el Ministerio de Fomento no lo acepte, y que en todo caso el Ayuntamiento de Buñol debe asumir la responsabilidad presente y futura de esa decisión”. De ahí que el gobierno local no lo viera como una opción viable.
El representante de los vecinos en la reunión de ayer, José Juan Galarza, manifestaba lo contrario al asegurar que “se nos ha reiterado que no hay obligación legal de mantener la supresión del paso a nivel”, una visión que coincidía con la del portavoz del PP, Marcial Díaz, quien sacaba como conclusión que “si la ciudadanía no quiere túnel ni muro, el paso a nivel se puede quedar como está, pero hay que comunicarlo con un acuerdo plenario al Ministerio de Fomento y éste lo respetará”.

¿Hay o no hay obligación legal de eliminar el paso a nivel?
Si nos remitimos a los textos legales y a las comunicaciones de Adif, todo es interpretable. La Ley 39/2003 de 17 de Noviembre asegura en su Capítulo II Artículo 8, explícitamente sobre los pasos a nivel lo siguiente: “Los cruces de carreteras u otras vías de comunicación con líneas férreas que se produzcan por el establecimiento o la modificación de cualquiera de ellas, deberán, en todo caso, realizarse a distinto nivel. Únicamente, con carácter excepcional y por causas justificadas, podrá autorizarse el establecimiento provisional de nuevos pasos a nivel por el tiempo estrictamente necesario y en la forma que reglamentariamente se establezca”.
Si nos remitimos a la carta que Adif envió el 15 de diciembre al Ayuntamiento de Buñol, literalmente en uno de sus párrafos, decía: “se considera de carácter prioritario salvaguardar la seguridad de las circulaciones y la integridad de las personas y vehículos que utilizan dicha infraestructura”. Una consideración que justificaba para Adif la actuación inmediata sobre ese paso a nivel.

El desvío se descarta
Lo que sí quedó claro en la reunión de ayer y por lo tanto queda fuera ya de la polémica al coincidir todos los involucrados, es que el desvío de la línea férrea fuera del casco urbano es inviable a día de hoy como alternativa.
El alcalde de Buñol, Chimo Masmano, explicaba que en la reunión con el Subdelegado del Gobierno y Adif “ha quedado claro que si se quiere un desvío de la línea lo tiene que costear el ayuntamiento, y que eso podría tener un montante superior a los 30 millones de euros según un cálculo de los propios técnicos de Adif”, un afirmación refrendada por José Luis Carrascosa (IAB), quien añadió que “se nos ha asegurado que Adif no ha pagado ni pagará desvíos fuera de cascos urbanos, que en Chiva no habrá soterramiento, y en Aldaya, Alaquàs y Xirivella el posible soterramiento lo pagarán los municipios”.
Además, el proceso de desvío, entre firmas de protocolos, estudios y obtención de financiación podría derivar en proceso de en torno a 10 años, algo que confirmó Marcial Díaz, portavoz del PP.

La valoración política
Los portavoces de los grupos en el gobierno de Buñol, Rafael Pérez (EU), Eusebio Sáez (PSOE) y José Luis Carrascosa (IAB) pidieron ayer la “dimisión inmediata” del portavoz del PP, Marcial Díaz, por “mentir reiteradamente”. Según explicaron ayer, cuando se le mostró al Subdelegado del Gobierno las declaraciones en prensa del portavoz del PP en las que aseguraba que había un compromiso con el Ministerio de Fomento para que no hicieran túnel ni muro, éste “desmintió categóricamente que eso se hubiera producido”, según aseguraron los tres portavoces.
Marcial Díaz hacía una lectura diferente de la reunión, al asegurar que “nos han dado la razón a lo que veníamos diciendo las últimas semanas, a día de hoy hay mayoría absoluta de concejales del plenario de Buñol que defienden que no al muro ni al túnel, sólo con presentar ese acuerdo plenario a la Delegación del Gobierno debería ser suficiente para dejar todo como está”.
Chimo Masmano aseguró que en los próximos días se reunirán con vecinos y partidos políticos y que responderán al ultimátum de una semana de la Delegación del Gobierno y de Adif. Para el gobierno “sólo hay dos opciones, muro o túnel, y bajo ningún concepto voy a permitir que pongan un muro”, aseguraba el alcalde de Buñol.


Para que nuestros lectores puedan sacar sus propias conclusiones sobre el espíritu de la ley, pueden descargarse en formato pdf la Ley 39/2003 de 17 de Noviembre del Sector Ferroviario.