Como en todas las reformas laborales (y ya van 52) se ha creado una falsa expectativa en el sentido de que es lo que necesita el país para crear puesto de trabajo. Pero el responsable de los mas de 5.000.000 de parados de nuestro país no son las leyes laborales sino los privilegios de la clase política, la oligarquía financiera y otros oligopolios como energía y telecomunicaciones, sin olvidar los casos de corrupción de quienes se aprovechan de su puesto, algo impropio de un país  europeo avanzado.

En primer lugar, las duplicidades, incluso triplicidades, entre las distintas administraciones, que solapan sus funciones con las de las CCAA, cuestan al Estado más de 20.000 millones de euros. Ese dinero lo necesitan las pymes de nuestro país, algunas de ellas absolutamente viables que cierran por falta de crédito y no por las supuestas rigideces de carácter laboral. Las deudas de las CCAA y Ayuntamientos a las empresas de más de 70.000 millones de euros han arruinado a miles de empresas. La reforma laboral sirve para desviar la atención sobre las verdaderas causas del paro, una cortina de humo que hay que disipar para ver cuáles son las causas del elevado desempleo.

Por su parte, el sistema financiero, hace aguas por todas partes. Lo normal cuando algún directivo hace algo mal en una empresa es que se le despida y si ha sido dolosa su actuación lo correcto es llevarlo ante los juzgados de lo penal. Pues en el caso de los cuadros directivos de las arruinadas cajas de ahorro como la CAM y Novacaixa Galicia, entre otras, no ha sido así, puesto que los anteriores presidentes blindaron sus cargos y se despidieron cobrando indemnizaciones millonarias. La banca española ha necesitado 40.000 millones de euros y 90.000 euros en avales para rescatar los desmanes de las cajas de ahorro, fundamentalmente. Si se les hubiera dejado quebrar y juzgado a sus responsables, ese dinero se hubiera dedicado a las pymes y el paro sería mucho menor.

El sistema de oligopolio de sectores clave como la energía y las telecomunicaciones se encuentran entre los más caros de Europa. Se nos olvida con frecuencia que telefonía y energía forman parte del coste del producto empresarial, como lo es un sistema ineficiente de transporte de mercancías donde predomina la carretera frente al ferrocarril, con una repercusión en los costes de 24 euros en el transporte por carretera frente a 12 euros por tonelada trasportada por ferrocarril.

Por lo que respecta al sistema laboral, este no es rígido.  Es un modelo dual, puesto que un 60% de los empleados son ‘mileuristas’, por tanto, con poco coste de despido. Un 20% son empleados públicos que no van a ser despedidos. El 20% restante está protegido por unas  indemnizaciones que parecen ser el paradigma de la solución al paro. Abaratar el despido de este 20% de trabajadores, que representa la clase media que tiene un país moderno, no reducirá el paro sino que lo incrementará, como vamos a ver sin duda. No olvidemos que poco o nada les importa a los empresarios a la hora de contratar el coste del despido, como vimos en el periodo de crecimiento anterior a la crisis, lo que necesitan es financiación y que les pague las administraciones.

Para terminar, y no por ello menos importante, está el linchamiento mediático de los sindicatos de clase. Unos sindicatos a los que España debe un marco estable de trabajo sin parangón en el mundo occidental desde hace 30 años. Se nos culpa de todos los males, cuando si atendemos a la financiación que establece la Constitución, es una nimiedad comparada con las cantidades despilfarradas por la corrupción política. La caza sindical es una maniobra calculada para enmascarar y dejar impunes a los responsables de la crisis que son los tres grupos de poder mencionados antes.